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Catalunya: Independencia y Desobediencia civil

Ayer, lunes 29 de septiembre, el Tribunal Constitucional ha aprobado por unanimidad admitir a trámite los recursos del Gobierno contra la ley de consultas, aprobada por el Parlamento catalán el pasado día 19, y el decreto de convocatoria del referéndum de soberanía del 9 de noviembre. La admisión supone la suspensión de la vigencia de ambas resoluciones.

El tribunal ha dejado claro en su providencia que dicha admisión supone también la suspensión de todas y cada una de las actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella.

La suspensión se extiende durante un plazo máximo de cinco meses
. En ese tiempo, el TC deberá decidir si mantiene la paralización sin fecha límite o si revoca su decisión.

Para el supuesto, más que probable puesto que según Artur Mas existe un plan B, de que la Generalitat no acate la resolución, se produciría un hecho insólito en la historia del Constitucional, que tendría que evaluar cómo exige el cumplimiento de su resolución. La norma señala además que el TC podría declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de estas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó. En, al menos, dos ocasiones el tribunal se ha declarado competente para “adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservar su jurisdicción”.

¿Se podría declarar la Generalitat en Rebeldía?, pues sí, y sería el colmo de los despropósitos el que forzara a funcionarios públicos, incluidos los Mossos d´Escuadra o directores de colegios, a arriesgar su empleo al desobedecer una decisión clara de esa institución. Si hiciera falta tomar medidas, el propio TC podría pedir a la policía judicial de Cataluña, en este caso los mossos, que las adopte.

Caso extremo podría ser el que el Gobierno mandara una comunicación a todos los empleados públicos en Cataluña para recordarles las graves consecuencias que tendría para ellos (incluida la posible pérdida de la condición de funcionarios) desobedecer una decisión del Constitucional.

Lo último que se plantea el Gobierno, con el fin de evitar victimismos injustificados, es la utilización de la vía penal.

Por su parte, algunas fuentes del Gobierno catalán como Joana Ortega (vicepresidenta), ponen cordura manifestando que no pondrán en riesgo a nadie, en referencia al delito de desobediencia en el que podrían incurrir los empleados públicos que siguieran colaborando a partir de hoy en la organización de la consulta soberanista. Está por ver, si esto será una muestra de civismo y respeto a la Ley cara a la galería o implica algo más.

Al margen del delito de desobediencia en el que podrían incurrir los funcionarios, también se les podría exigir responsabilidad penal a los alcaldes y concejales de Cataluña que a partir de hoy mismo acuerden actos administrativos para hacer posible el 9-N, así como a los secretarios municipales que participen en esas reuniones. Se les podría acusar de delito de prevaricación, porque estarían acordando una resolución injusta a sabiendas de que lo es, ya que es de sobra conocido que el TC ha suspensido la consulta soberanista. Esos alcaldes y concejales, no son aforados (como ocurre con Artur Mas y los consejeros de la Generalitat), por lo que tendrían sus juicios rápidos, sus condenas y sus condenas de inhabilitación. Para un alcalde, la inhabilitación sería un mal menor, pero para un secretario municipal de carrera las consecuencias podrían ser peores.

Al margen de las valoraciones políticas y jurídicas, la convocatoria de la consulta es del todo inoportuna desde el punto de vista económico. El problema que se viene gestando y ha eclosionado el pasado sábado, va a perdurar porque ha tomado como rehenes a los ciudadanos, como piezas de ajedrez en una partida en la que la economía se ha tomado como argumento poco razonado. Desempleo en el 25%, esfuerzos para pagar la deuda, falta de resortes para el crecimiento, racionamiento de crédito,… Ninguno de esos factores ha parecido importar. Es más, se han aprovechado como arma arrojadiza planteando incluso que no habría habido crisis en Cataluña si esta no fuera parte de España o que, al menos, hubiera sido menos dura. Esto es una falacia. Todas las causas de la crisis han estado tan presentes en Cataluña como en cualquier otro sitio de España. No es el contexto económico adecuado para la consulta. La libertad individual que confiere el derecho a decidir no puede azuzarse con un fuego sobrevenido. Porque hace unos años esto no estaba sobre la mesa y ahora nos lo hemos tragado como si surgiera de forma natural. Con un inmenso coste económico tanto para Cataluña como para España. Si bien puede ser cierto que Cataluña merce otro grado de autonomía fiscal, no lo es menos que sea el único territorio desfavorecido.

Junto con la falta de oportunidades, la economía sugiere que una de las raíces de desconfianza hacia nuestro país, va a ser durante muchos años la fractura social interna. Tras tantos años de hablar de unidad de mercado en Europa y España, hemos (mejor dicho, han) tenido la cojonuda idea de romperla. Los costes económicos de este conflicto no se han medido pero se van a convertir en un gran problema para la confianza exterior.

Se aboga por la independencia cuando, por el contrario, en nuestra sociedad las familias se unen para arropar a los que están en paro o ayudar a los hijos con lo que se obtiene de una pensión de jubilación,… qué sinsentido, ¿no?. No sé quien dijo alguna vez que un país es como una familia: hay que arrimar el hombro y saber cuándo gastar, cuándo invertir y cuando ahorrar,…Pues eso, señor Mas, deje de joder con la pelota, como diría Serrat.

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